En Venezuela el tema de la insurgencia política desde los 60 hasta hoy, la violación de los derechos humanos, el terrorismo de estado practicado a lo largo de la IV República, mantiene hasta el día de hoy huellas que algunos sectores de poder no han podido borrar, especialmente los que persiguieron y atormentaron a miles de venezolanas y venezolanos que creyeron y creen en ideales de justicia y liberación social y quienes entregaron sus vidas en aras de la redención política económica y cultural del pueblo venezolano.
Así resulta una contradicción escuchar a voceros de la oposición, algunos de los cuales tuvieron responsabilidades directas en actos de violación de derechos humanos, como el actual alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, defendiendo demagógicamente los derechos de procesados por actos delictuales comunes, intentando colocar en el imaginario público nacional e internacional la tesis de que en Venezuela no se respetan los derechos humanos y de aquí hay una dictadura.
Por esa razón investigar, documentar y divulgar la memoria de la insurgencia en Venezuela desde los años 60 hasta nuestros días, resulta una tarea urgente y necesaria pero además se trata de dar una respuesta al mundo de que en este país, los actos de violación de los derechos políticos todavía tienen un saldo que demandar a la luz de los Convenios Internacionales y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con legislaciones que normen y sancionen los crímenes de lesa humanidad, los tormentos físicos y psicológicos a hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas que estuvieron relacionados con creencias políticas o ideológicas distintas a las que hegemónicamente y por la fuerza intentaban imponer gobiernos llamados “democráticos” pero que en el fondo aplicaban los mismos métodos de las dictaduras militares que operaron en el Cono Sur y Centro América bajo la doctrina y manuales de tormento elaborados por el Departamento de Estado del Gobierno Estadounidense.
Aldemaro Barrios Romero
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